El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis financiera gravísima: las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por 32,9 billones de pesos, mientras el modelo que las sostiene muestra signos evidentes de colapso. De las 29 EPS activas, solo seis cumplen con los indicadores mínimos de solvencia financiera, y estas atienden apenas el 10,9 % del total de afiliados.
La mayoría de afiliados —alrededor del 89 %— lo están en EPS con déficits de capital, patrimonio negativo o ausencia de reservas técnicas, lo que pone en peligro su capacidad operativa.
Este deterioro ha generado un efecto directo sobre los ciudadanos: en 2024 se interpusieron más de 1,6 millones de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), un aumento del 23,2 % respecto al año anterior. Además, se presentaron 175.000 tutelas, un 35 % más que en 2023, principalmente por barreras de acceso a servicios y medicamentos.
El acceso efectivo a medicamentos también está gravemente comprometido: pacientes reportan esperas de hasta 135 días para una consulta médica y 250 días para recibir tratamientos esenciales, y un 27 % enfrentó demoras en autorizaciones básicas en 2024.
Esta crisis no solo afecta la operatividad, sino que ha motivado la intervención de varias EPS como Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud y otras, muchas de las cuales enfrentan riesgo de liquidación en 2025 si no se estabilizan financieramente.
En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro ha retomado una línea discursiva dura contra las EPS, exigiendo una intervención total del sistema si no se aprueban las reformas propuestas. Denunció corrupción, desvío de fondos y calificó al modelo actual como responsable del daño al sector salud. Sin embargo, los expertos replican que el problema tiene raíces estructurales del sistema y que lo urgente es el fortalecimiento financiero y regulatorio del modelo actual, más que culpabilizar actores individuales.
Desde las universidades y organismos de control, como la Contraloría, se exige una reforma estructural: mejora en la trazabilidad financiera, reforzamiento de controles, auditorías y mecanismos que garanticen transparencia y cumplimiento de la prestación del derecho a la salud.
