El Gobierno Nacional está considerando suspender la regla fiscal como respuesta a la caída de los ingresos y las dificultades económicas que enfrenta el país, generando incertidumbre en los mercados y preocupación entre analistas. La reunión clave será el lunes 9 de junio, cuando el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) analizará los argumentos para activar la llamada cláusula de escape.
Esta medida se justificaría por la imposibilidad de cumplir con la meta de déficit de 5,1% del PIB proyectada para 2025, dado que las proyecciones del Ministerio de Hacienda estiman que el déficit podría superar el 7%. Este desbordamiento no solo compromete los compromisos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sino que también agrava la ya frágil situación fiscal del país.
La regla fiscal, establecida por la Ley 1473 de 2011, busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y solo permite suspender sus límites en casos excepcionales como desastres naturales o crisis sanitarias. Sin embargo, en esta ocasión no existe un evento externo concreto que justifique la activación de la cláusula, lo que genera un debate sobre la pertinencia y el impacto de la decisión.
Mientras tanto, figuras del sector financiero y académico han levantado la voz de alerta. María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, advirtió que esta suspensión solo aumentará el endeudamiento; Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que los mercados esperan recortes presupuestales y no cambios sin justificación técnica; y el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, criticó fuertemente el manejo fiscal del Gobierno, asegurando que el déficit de 2025 sería el más alto de la historia. El país está ahora a la espera de la publicación del nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se definirá el calendario de ajuste y los compromisos que se asumirán para recuperar la confianza de los inversionistas. Los analistas advierten que, de no tomarse medidas claras, esta decisión podría elevar las tasas de interés de la deuda, deteriorar la credibilidad internacional y, en última instancia, poner en riesgo la estabilidad económica del país.